Régimen del Proceso Penal

Comisión a cargo de Marcelo Sgro

17.6.14

Notas del segundo parcial

Becerra              Siete
Haidar Jadilla     Seis
Krncsek              Ocho 
Luego Rojas       Nueve
Mungai Bures      Ocho
Oclander           Nueve
Papaleo             Siete
Rodriguez Geron   Nueve
Sanchez              Seis
Sustaita               Seis




16.6.14

El presente trabajo debe traerse resuelto, por escrito y para ser discutido en clase, el próximo lunes 23 de junio.

En el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes, Carlos K es llevado a juicio por los siguientes hechos:
a) haber tenido en su poder, el 2 de agosto de 2013, en el domicilio de la calle NNN nro. XXX, la cantidad de 4 kg. de clorhidrato de cocaína, distribuidos en cuatro paquetes hallados en el interior de una caja fuerte, hecho calificado en el marco del art. 5 inc. c) de la ley 23.737 en su modalidad de tenencia para comercialización;
b) haber comercializado, como mínimo entre el 3 de enero de 2013 y el 2 de agosto de ese mismo año, estupefacientes –cocaína-, hecho calificado en los términos del art. 5° inc. c) de la ley 23.737 en su modalidad de comercialización, y
c) haber participado en el contrabando de estupefacientes cometido por Ariel A y Jorge Z con fecha 13 de mayo de 2012, habiendo organizado el viaje y provisto la sustancia estupefaciente que los nombrados extrajeran –mediante ocultamiento- del territorio aduanero nacional, en los términos del art. 864 inc. d) y 866 2° párrafo del Código Aduanero (ley 22.415). Ariel A y Jorge Z  fueron condenados en España por el hecho del contrabando, se encuentran detenidos cumpliendo la pena impuesta en aquel país y a su respecto se solicitó la extradición, para que sean juzgados en Argentina por la extracción ilegal del estupefaciente secuestrado en España.

Por el hecho consignado en b), también fue llevado a juicio S. OGBODU.




ACTA DE DEBATE: En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo de 2014, siendo las 10.00 horas, se constituyó en la Sala de Audiencias el Honorable Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro.       , con la presencia de sus integrantes Dres. Jorge A en su carácter de Presidente del debate, Adriana V y Gustavo G y  en su calidad de Vocales, con la asistencia de la suscripta Dra. Andrea S, a fin de celebrar la audiencia de debate oral y público ordenado en la causa nro. ///, caratulada “K, Carlos; S., Ogbodu s/inf. ley 22.415 y 23.737”. Acto seguido, el Sr. Presidente procedió a comprobar la presencia de los convocados a la audiencia, hallándose en la Sala el Sr. Fiscal General ante los Tribunales Orales Dr. Mario B, la Defensora Oficial del imputado Carlos K Dra. María M. junto con éste, y el imputado Ogbodu S junto con su letrado defensor Dr. H. A continuación el Sr. Presidente advirtió a los imputados que estén atentos a lo que van a oír y se procedió con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Fiscal. Acto seguido el Sr. Presidente declaró abierto el debate, y preguntó a las partes si tenían articulaciones previas que formular, expresando la defensa de Carlos K que solicitaba se levante la reserva de identidad del testigo A en tanto, por  una parte, han cesado las razones que pudieron haber llevado al magistrado a ordenar tal medida de resguardo, porque de hecho la investigación se encuentra terminada y las personas a que se refiriera el testigo en sus declaraciones se encuentran detenidas, y por otra parte, en cuanto hace a su derecho de defensa, porque (1) . Asimismo, el Sr. Defensor aporta copia del auto de sobreseimiento dictado por el juzgado instructor respecto del Sr. Y, resolución que se encuentra firme, razón por la cual entiende que, habiendo sido resuelta en forma definitiva su situación procesal, se encuentra en condiciones de prestar declaración testimonial durante el debate, por lo cual solicita su citación a tal fin. A continuación el Sr. Presidente cede la palabra al Sr.  Fiscal que se opone al levantamiento de reserva de identidad, con base en que (2). Asimismo, en razón al pedido de convocar a prestar declaración testimonial al Sr. Y, el Sr. Fiscal sostiene que el caso encuadra en uno de los supuestos del art. 392 del CPPN, por lo cual lo que correspondería sería incorporar por lectura su declaración indagatoria prestada ante la instrucción. Acto seguido el tribunal resuelve, en relación al primer planteo y en función de los argumentos brindados por la defensa a los que se remite en honor a la brevedad,  hacer lugar al pedido de levantamiento de reserva de identidad, y en relación al segundo planteo, en tanto el art. 392 del CPPN prevé expresamente el supuesto en cuestión, el Tribunal resuelve incorporar por lectura la declaración indagatoria prestada a fs. /// por el Sr. Y. A continuación la Defensa de Carlos K, interpone recurso de reposición contra lo decidido en segundo término, insistiendo en la convocatoria a prestar declaración testimonial del Sr. Y, en función a que (3). Seguidamente el Sr. Presidente corre vista del recurso de reposición al Sr. Fiscal, que mantiene su postura, sumando como argumento que (4). El Tribunal resuelve no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la defensa, por compartir los argumentos expuestos por el Sr. Fiscal. Luego de ello el Sr. Presidente invitó a  los imputados a prestar declaración indagatoria, haciéndoles saber que les asiste el derecho de negarse a declarar sin que tal negativa cause presunción alguna en su contra, y si se negaren el debate continuará. Ante ello los imputados se negaron al acto reservándose el derecho de hacerlo posteriormente. Por último el Sr. Presidente invitó al estrado a los imputados y les efectuó el interrogatorio identificatorio de rigor. A continuación Sr. Presidente dio por concluido el acto fijando un cuarto intermedio para el día 27 de mayo del corriente año, a las 10.00 horas a fin de continuar con el debate, firmando las partes para constancia por ante mí de todo lo cual doy fe.-




ACTA DE DEBATE: En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2014, siendo las 10.00 horas, se constituyó en la Sala de Audiencias el Honorable Tribunal Oral en lo Criminal Federal         , con la presencia de sus integrantes Dres. Jorge A en su carácter de Presidente del debate, y Gustavo G y Adriana A en su calidad de Vocales, con la asistencia de la suscripta Dra. Andrea S, a fin de continuar con la audiencia de debate oral y público ordenado en la causa nro. ///, caratulada “K, Carlos; S., Ogbodu s/inf.  ley 23.737 y 22415”. Acto seguido, el Sr. Presidente procedió a comprobar la presencia de los convocados a la audiencia, hallándose en la Sala el Sr. Fiscal General ante los Tribunales Orales Dr. Mario B, la Defensora Oficial del imputado Carlos K Dra. María M. junto con éste, el imputado Ogbodu S junto con su letrado defensor Dr. H. Seguidamente la Sra. Actuaria informó que se encontraban en la antesala del Tribunal los testigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el testigo A, de identidad reservada. La actuaria informa al Tribunal que en el día de ayer se presentó por Secretaría un escrito firmado por el testigo de identidad reservada y su abogado de confianza, en el que solicitan se deje sin efecto el levantamiento de su reserva de identidad, fundando tal petición en que (5) .Cedida la palabra al Sr. Fiscal el mismo reitera los argumentos que brindara en la audiencia anterior y por los que coincide con el testigo en cuanto a que debe mantenerse su reserva de identidad. Cedida la palabra a la defensa, ésta expresa que insiste en el pedido de levantamiento de reserva de identidad, por los mismos argumentos brindados en el día de ayer. El Tribunal resuelve diferir el tratamiento de la cuestión, a resultas de lo que acontezca en el debate. A continuación el  Sr. Presidente ordenó el ingreso a la Sala del testigo 1, a quien se lo interrogó sobre sus datos personales, se le impuso de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio y se le tomó juramento en legal forma. Preguntado que fue por el Señor Presidente si le une algún vínculo de parentesco o de interés con las partes, manifestó que no. Acto seguido, fue interrogado por el Tribunal y las partes. Seguidamente el Sr. Presidente ordenó el ingreso a la Sala del testigo 2, a quien se lo interrogó sobre sus datos personales, se le impuso de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio y se le tomó juramento en legal forma. Preguntado que fue por el Señor Presidente si le une algún vínculo de parentesco o de interés con las partes, manifestó que no. Acto seguido, fue interrogado por el Tribunal y las partes, y le fueron exhibidas las actas de fs. ****, en las que reconoció su firma. A continuación el  Sr. Presidente ordenó el ingreso a la Sala del testigo 3, a quien se lo interrogó sobre sus datos personales, se le impuso de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio y se le tomó juramento en legal forma. Preguntado que fue por el Señor Presidente si le une algún vínculo de parentesco o de interés con las partes, manifestó que no. Acto seguido, fue interrogado por el Tribunal y las partes. A continuación el Sr. Fiscal desiste de los testigos 5 y 6, expresando la defensa que no tiene objeciones al respecto, por lo cual el Sr. Presidente los tiene por desistidos, y resolviendo el Tribunal, en relación al testigo de identidad reservada (testigo A) y por resultar atendibles los argumentos brindados por el testigo, revocar por contrario imperio lo resuelto previamente y mantener la reserva de identidad del testigo A y disponer los medios técnicos para que su declaración pueda ser recibida con el resguardo debido, para lo cual se hace pasar al testigo a la sala contigua al Tribunal en la que, de espaldas y con un dispositivo distorsionador de voz, se le hace saber que se le recibirá a través de videoconferencia declaración testimonial. El Sr. Presidente lo impuso de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio y  le tomó juramento en legal forma. Acto seguido, fue interrogado por el Tribunal y las partes. Concluidas las declaraciones testimoniales, el Sr. Presidente ordena incorporar por lectura las piezas procesales ofrecidas oportunamente por las partes, expresando el Sr. Defensor de Carlos K que se opone a la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias prestadas en el Reino de España por Ariel A. y Jorge Z., en tanto considera que el caso no puede subsumirse en ninguno de los supuestos del art.392 del CPPN, porque (6). Cedida la palabra al Sr. Fiscal, expresa que la oposición es extemporánea en tanto el Tribunal hizo lugar a la incorporación por lectura al proveer la prueba ofrecida por las partes, con lo cual la cuestión se encuentra precluida. El Tribunal comparte los argumentos del Fiscal, por lo cual no hace lugar a la oposición de la defensa y mantiene la incorporación por lectura de las declaraciones prestadas por Ariel Z y Jorge A. El Sr. Presidente dispone un cuarto intermedio de 30 minutos, a fin de continuar con los alegatos.




Reanudada la audiencia, cedida la palabra al Sr. Fiscal para que formule su alegato, manifestó que las presentes actuaciones tuvieron origen en el informe aportado por Interpol a fs. ///, del que se desprendía que se había detenido a dos ciudadanos argentinos con 15,500 kg. de cocaína en el Aeropuerto de Barajas el 15 de mayo del 2012. Los ciudadanos detenidos resultaron ser Ariel A y Jorge Z quienes se encontraban en tránsito con destino final a Paris, Francia en el vuelo IB 6840. Que se acreditó que A y Z informaron a las autoridades que la cocaína les había sido entregada por un individuo llamado Carlos K, alias “el perro”, en la ciudad de Buenos Aires, ciudad donde reside el nombrado K junto con la organización que provee y distribuye el estupefaciente para su comercio al menudeo en un departamento ubicado en la calle NNN nro. ***, y su transporte al exterior a través de mulas que partían del Aeropuerto de Ezeiza. Que A y Z relataron que no era ése el primer viaje que realizaban portando estupefaciente, que con anterioridad habían llevado cocaína desde Argentina a Italia y a Suiza, por lo menos en dos oportunidades cada uno, durante el año 2011.Que ambos dijeron que en todas las oportunidades debían transportar la cocaína en su equipaje y dejar éste en un locker de la estación terminal o Aeropuerto que el Perro les indicaba cuando llegaban a destino, y que posteriormente convenían con él o con quien él les indicara la entrega de la llave del locker, y que unos días después, que generalmente no excedían los tres, una vez verificada por la organización que la droga había sido recogida exitosamente, se reunían con el Perro o quien este indicara para recibir su paga, que consistía en 6.000 dolares por viaje. Que aportaron como teléfono de contacto de “El Perro” un celular de Argentina nro.  XXXX y  un abonado de la ciudad de Buenos Aires, nro.XXX, y que en esa línea nunca entendieron nada de lo que se hablaba porque ‘el perro’ hablaba en un dialecto o lengua desconocida para ellos. Relató que las pruebas que se colectaron durante la instrucción corroboraron el relato efectuado por Ariel A y Jorge Z, lo mismo que el testimonio brindado por el testigo de identidad reservada, y que las testimoniales recibidas durante el debate también corroboraron el hallazgo en el domicilio del imputado de los 4 kg. de cocaína, así como de las escuchas practicadas sobre el abonado YYY surgia la actividad ilícita de comercio de estupefacientes por parte del imputado y también de otros individuos. Al respecto, entendió que la prueba colectada respecto de S. OGDOBU resultaba insuficiente para -en esta etapa procesal- sostener la acción penal a su respecto, en tanto los dichos de Ariel A y Jorge Z no habían podido ser corroborados por las medidas investigativas llevadas a cabo, por lo cual no formuló acusación respecto del nombrado. En función de lo expuesto, el Sr. Fiscal acusó a Carlos K, como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con comercio de estupefacientes y como partícipe del contrabando agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a su comercialización, en orden a los hechos que fueron objeto del debate, y solicitó que al fallar se lo condene a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, multa del art. 5 inc. c) de la ley 23737, accesorias del art. 876 apartado I incs. d, e f y  h del CA, y costas.


Finalizados los alegatos de las defensas, se cedió la palabra al Fiscal, expresando que no va a hacer uso de su derecho a réplica. Acto seguido se preguntó a los imputados si tienen algo para manifestar, lo que así hicieron. Luego de ello el Sr. Presidente declaró cerrado el debate, convocando a las partes para la lectura de la sentencia a las 19.00 horas.



ACTA DE DEBATE: En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2014, siendo las 19.00 horas, se constituyó en la Sala de Audiencias el Honorable Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro.8, con la presencia de sus integrantes Dres. Jorge A en su carácter de Presidente del debate, y Gustavo G y Adriana A en su calidad de Vocales, con la asistencia de la suscripta Dra. Andrea S, en la causa nro. ///, caratulada “K, Carlos; M, Juan y J, Mauricio s/inf.  ley 23.737”. Acto seguido, el Sr. Presidente pone en conocimiento de las partes que, en relación a las escuchas telefónicas practicadas sobre el abonado ****, respecto de las cuales hasta la fecha no pudo conocerse su significado atento a que los intervinientes dialogan en un dialecto nigeriano XX respecto del cual no fue posible hallar traducción o interpretación alguna, a través del ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados) pudo entablarse contacto con el Sr. W, de nacionalidad nigeriana y que habría vivido en la zona del país en la que se habla el dialecto en cuestión, y que estaría en condiciones de practicar la traducción de las escuchas en cuestión al idioma español, en un término de 7 días, por lo que el Tribunal ha resuelto reabrir el debate a tal fin en los términos del art. 397 del CPPN, y llevar a cabo la traducción en cuestión, también en función a las facultades previstas en el art. 388 del CPPN, haciéndose saber a las partes que una vez que se cuente con la traducción se entregarán por Secretaría copias a los letrados intervinientes. Acto seguido la defensa del imputado  Ogbodu S. plantea reposición contra lo dispuesto por el Tribunal, por entender que  (8). Cedida la palabra al Sr. Fiscal, manifestó que no corresponde hacer lugar a la reposición planteada, que la medida en cuestión es claramente pertinente y que a todo evento, se tratará de una cuestión de valoración probatoria. El tribunal resuelve no hacer lugar a la reposición planteada por la defensa de Carlos K, por compartir los argumentos expuestos por el fiscal a los que se remite en honor a la brevedad. A continuación el Sr. Presidente dispone un cuarto intermedio hasta el día 6 de junio, a las 10.00 horas, quedando las partes notificadas y dando por concluido el acto por ante mi que DOY FE.-


Como consecuencia de la incorporación de la traducción de las conversaciones  telefónicas referidas, el Fiscal reformula el alegato en relación al imputado S. OGDOBU respecto de quien no había formulado acusación, por entender que su intervención en las comunicaciones deja a las claras que intervino en el comercio de estupefacientes junto con Carlos K, razón por la cual –valorando la prueba incorporada en aplicación del art. 397 del CPPN- acusó al nombrado como coautor del delito de comercialización de estupefacientes en los términos del art. 5 inc. C) de la ley 23.737, y solicito que al fallar se lo condene a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa y costas.
La defensa de S OGDOBU, en su alegato, plantea –entre otros argumentos- la inconstitucionalidad de los arts. 388 y 397 del CPPN.
 El tribunal falla condenando, además de a Carlos K, al imputado S. OGDOBU, a la pena de 5 años de prisión, accesorias y costas.


CONSIGNA:
1)    En los apartados numerados (1) a (8) del acta de debate transcripta precedentemente, redactar al menos 2 argumentos en cada caso, para sustentar la petición que corresponda según lo que consta en el acta.
2)    Como defensa de S. OGDOBU, qué recurso(s) interpondría para impugnar la condena impuesta, redacte al menos 3 argumentos de corte procesal para fundar la impugnación.


13.6.14

Trabajo practico

El siguiente trabajo práctico deberá ser resuelto de manera individual y entregado por los alumnos en la clase del día 21 de junio, oportunidad en la que será debatido en clase.



La AFIP-DGI formula una denuncia ante el fuero nacional en lo penal tributario, en la que el relato de los hechos denunciados se efectúa en los siguientes términos

HECHOS
La presente denuncia tiene su origen en las actuaciones practicadas por la AFIP-DGI mediante la Orden de Intervención nro. 1234 por la cual personal fiscalizador de este organismo inició la inspección de la firma ABC, con domicilio fiscal en la calle Pavón xxx, Partido de Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As., en uso de las facultades conferidas por el  art. 35 de la ley 11683, a fines de establecer el justo cumplimiento fiscal de la mencionada contribuyente, que registra como actividad principal por ante este organismo la construcción. 
En el marco de aquella inspección se detectaron un grupo de proveedores cuya real existencia no pudo ser comprobada fehacientemente, pese a las medidas llevadas a cabo por la instrucción, motivo por el cual se impugnaron las erogaciones originadas en las facturas registradas, y se practicó determinación de oficio en orden al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos  2009/2011 en cabeza de ABC, por un monto total de $ 1.600.000. En orden a aquellos hechos, se formuló denuncia por evasión tributaria respecto de los responsables de ABC, en los términos de los arts. 1 y 2 inc. c) de la ley 24.769, en trámite actualmente por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional  nro. 4 de Lomas de Zamora bajo los autos nro. 555/13.-
Ahora bien, entre los proveedores impugnados en aquella oportunidad se hallaban las firmas Y, X y Z, respecto de las cuales  se abrieron sendos cargos de investigación, girándose las actuaciones a la División Fiscalización 1 de la Dirección Regional Centro de este organismo.
De las tareas llevadas a cabo por la fiscalización actuante en uso de las facultades previstas por la ley 11.683 surge que Y, X y Z son lo que se podría denominar sociedades pantallas, considerando tales a aquellas utilizadas para esconder o encubrir negocios efectivamente realizados, bien o simular aquellos que no tuvieron lugar en realidad. De este modo, a través de la utilización de una sociedad pantalla, se coloca en cabeza de un ente formalmente existente pero materialmente ficto, las manifestaciones de capacidad contributiva verdaderamente exteriorizadas por otros contribuyentes, que permanecen ocultos tras las empresas pantallas a que nos venimos refiriendo.
En efecto, de las tareas de verificación e investigación practicadas se detectó la utilización de Y, X y Z a los más diversos fines, todos ellos delictivos, como se verá.
En los tres casos las firmas fueron constituidas en el año 2008, en todos los casos con el capital mínimo de $ 12.000, fijándose su sede social –también en todos los casos- en Timoteo Gordillo xxx de esta ciudad, siendo los socios en todos los casos Nélida U., Juan X y José Y, que también fue designado Presidente desde entonces y hasta junio de 2012, y figurando como Director Suplente, hasta la fecha, Juan X. Las firmas en cuestión se encuentran registradas por ante este organismo con las actividades agropecuaria (X), construcción (Y), y venta de equipos de computación (Z).
De las compulsas a las bases fisco surge que  ni Z ni X se encuentran registradas como empleadoras ante la AFIP-DGI, siendo que Y se encuentra inscripta desde el mes de septiembre de 2009, no obstante lo cual sólo ha declarado dos (2)  empleados en relación de dependencia por los períodos agosto/septiembre de 2012. De la consulta efectuada a la Ansess, surge que en ambos casos se trata de personas cuyo domicilio se encuentra en Misiones y que, consultadas por su vinculación con la firma Y, ambas manifestaron desconocerla y que siempre vivieron en Misiones, dedicándose a labores rurales. (cf. Anexo 2)
Asimismo, habiendo concurrido a los domicilios legales, fiscales y alternativo declarados por las tres firmas, en ninguno de ellos se logró dar ni con las empresas ni con responsables de las mismas, siendo que en todos los casos se informó que nunca habían funcionado en los domicilios en cuestión (cf. Anexo 3).
De la consulta efectuada a los registros correspondientes, surge que ninguna tiene bienes inmuebles ni automotores a su nombre. No obstante lo expuesto, de la consulta al sistema Bancos surge que la firma Y registra depósitos, en el período 2009/2013, del orden de los  $ 2.000.000 por cada año, siendo que en los casos de X y Z ascienden a $ 1.500.000 y $ 2.300.000 respectivamente.
Conteste con esto, de la base citi ventas, surge que más de 120 contribuyentes (la mitad  grandes contribuyentes nacionales), habrían registrado operaciones comerciales con las investigadas.
Por otra parte, X e Y se encuentran registradas como importadoras/exportadoras ante la DGA, habiendo realizado operaciones de importación por más de $ 5.000.000 en rubros que abarcan desde lo alimenticio hasta textiles y productos de computación, en el período 2009/2011, siendo que –compulsados un número representativo de despachos de importación- en todos los casos se advierte una identidad total en el formato de las facturas acompañadas a los despachos de importación que no se justificaría teniendo en cuenta que se trata de distintos exportadores con sede en distintos países, a la vez que se advierte en todos los casos la reiteración de errores en la forma de consignar las fechas de las facturas en idioma inglés, que hacen presumir la falsedad de estos documentos,  con el que se habría puesto en jaque la actividad de control que compete al servicio aduanero en los términos de la sección XII del Código Aduanero (ley 22415).
Ahora bien, en lo que respecta a las autoridades sucesivas de las firmas, surge que Juan X, registra aportes de la seguridad social como empleado en relación de dependencia de Radio Taxi K, desde el mes de febrero de 2003 ininterrumpidamente hasta la fecha, no registrando bienes inmuebles ni automotores a su nombre, en tanto José Y se encuentra inscripto como monotributista categoría A, desde el mes de abril de 2008, sin registrar bienes inmuebles ni automotores a su nombre, y Nélida U, por su parte, registra aportes en relación de dependencia por parte del Sanatorio T, el que informara a este organismo que cumple tareas de limpieza desde el año 2003.
En todos los casos, ante la consulta efectuada por este organismo en el marco de la inspección realizada, los nombrados manifestaron –sobre su relación con las firmas Y, X y Z- que habían conocido a un estudio de contadores, ubicado en Fondo de la Legua xxx, San Isidro, Prov. de Bs. As., cuyos titulares serían Roberto O. y Ricardo O. –padre e hijo- que les habían ofrecido, para mejorar su situación financiera, la posibilidad de obtener unos créditos personales –que finalmente obtuvieron- por ante el Banco xxx, para lo cual tenían que aumentar sus ingresos, lo que podían hacer figurando en ciertas empresas que manejaban los contadores, para lo cual aceptaron firmar diversos ‘papeles’, cuyo tenor y contenido no supieron explicar, y luego de ello, como aparecían a cargo de estas empresas, pudieron tramitar los créditos ante los Bancos.
Respecto de los trabajos en las empresas de estos contadores, todos refirieron que cada tanto tenían que firmar papeles, cheques, o hacer trámites bancarios, etc. lo que siempre hacían acompañados del contador Roberto O, su padre, o bien alguno de los empleados o secretarias del estudio, a quienes identificaron como Sandra H., Marcela D. y Javier G., y que por cada trámite les entregaban $ 100 en promedio.
En el caso de José Y., expresó que ha dejado de cancelar el crédito obtenido en el Banco xxx debido a que se encuentra en la actualidad desocupado, habiéndole iniciado el banco juicio ejecutivo.
Se adjunta listado de contribuyentes que habrían registrado en su contabilidad operaciones comerciales con Y, X y Z, declarándolas a la postre en sus declaraciones juradas presentadas a este organismo y disminuyendo fraudulentamente, de este modo, la cuantía de la obligación tributaria que debieron haber erogado. Se informan asimismo los casos en los que los montos de los tributos presuntamente evadidos habrían superado la condición objetiva de punibilidad prevista en el art. 1º de la ley 24.769. En relación a los contribuyentes D y E, se hace saber que registran domicilio fiscal en la Provincia de Buenos Aires, en el partido de Vicente Lopez.-
La inspección llevada a cabo por el organismo fiscalizador ha permitido identificar prima facie –sin perjuicio de lo que ulteriormente arribe a conocimiento de V.S.- una organización integrada –como mínimo- por los miembros de un estudio contable y que se habría dedicado –en forma estable y permanente, por lo menos desde 2008- a crear y explotar sociedades ficticias –integradas por testaferros- mediante la compraventa de comprobantes apócrifos que a la postre son utilizados por diversos contribuyentes que logran, mediante la registración de tales comprobantes en su contabilidad y su correlato en las declaraciones juradas que presentan ante este organismo, evadir el pago de los tributos nacionales.

                                                                    
En razón de los hechos denunciados ante el fuero nacional en lo penal tributario, se corre la vista prevista en el art. 180 del CPPN.
Previo a contestar la vista, se certifica que respecto de Ricardo O. tramita una causa por defraudación por administración fraudulenta por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 66, en la que se ha dictado a su respecto auto de procesamiento, y una causa por ante el juzgado federal nro. 6 de la ciudad de Rosario, Prov. de Santa Fe, en la que prestó declaración indagatoria en orden al delito de contrabando previsto en el art. 864 inc. b) del Código Aduanero, en calidad de partícipe necesario.


CONSIGNA 
Elabore un proyecto para contestar la vista, teniendo en cuenta las opciones procesales previstas en el art. 180 del CPPN y las pautas del art. 188 del CPPN, el encuadre jurídico que otorgaría a los hechos denunciados y los criterios sobre atribución de competencia y conexidad previstos en los arts.22 a 43 del CPPN.

La AFIP-DGI solicita ser tenida como parte querellante – con qué alcance, y qué argumentos pueden esgrimirse a favor y en contra.


Trabajo Práctico

Este TP debe ser entregado por escrito en la clase del próximo 19 de junio, oportunidad en la que se discutirá en clase su resolución.


///n la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2012, comparece ante SS y Secretario autorizante una persona previamente citada a quien se le hizo saber que se le recibiría declaración testimonial y previo prestar juramento de ley, según sus creencias religiosas, se le informó que el Código Penal reprime  con pena de prisión de un mes a cuatro años a quien incurriere en el delito de falso testimonio, y con prisión de uno a 10 años e inhabilitación absoluta por doble de tiempo de la condena cuando se cometiere en perjuicio del inculpado (arts. 275 y 276 del CP). A continuación se le recordaron las disposiciones contenidas en los arts. 79, 80, 242 y 243 del CPPN, relativas a los derechos y garantías de los testigos. Interrogada a tenor del art. 249 2° párrafo del CPPN dijo llamarse: A. Lopez, nacido el 18 de febrero de 1944 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, hijo de José y de Ana F., de estado civil casado, escribano, con domicilio real en Av. Callao /// de esta ciudad, titular del DNI nro. /// que exhibe y retiene para sí. Preguntado para que diga si le comprenden las generales de la ley que le fueron previamente explicadas, dijo que “su hija es concubina del contador Roberto O., no obstante lo cual será veraz en sus dichos”. En este estado SS exhibe al compareciente testimonio de constitución de las sociedades X, Y y Z y preguntado si las reconoce, respondió: “intervine en la constitución de las tres sociedades”. Preguntado para que relate las circunstancias que rodearon su actividad en estos casos, expresó : “Mi consuegro es contador, y en general cuando necesita un escribano me llama y extiendo las escrituras o actos de que se trate, así como cuando yo necesito un contador o algún cliente mío necesita servicios de un contador se lo derivo, si le recomiendo un cliente mío en general le hace una atención en sus honorarios y a mí mismo no me cobra cuando por algún tema lo consulto o requiero sus servicios, y lo mismo en mi caso, no le cobro honorarios, solamente le paso los gastos de las escrituras, legalizaciones y demás. Así fue que en una de estas oportunidades, me llama para avisarme que unos clientes suyos necesitaban constituir unas sociedades, con lo cual le pedí que me envíe por mail o fax –como es de práctica- las minutas con los datos que necesitaba para redactar los estatutos, datos personales de los socios, denominación social, capital, domicilio social, etc. Preguntado para que diga si puede describir físicamente a estas personas, dijo “no recuerdo ninguna característica en particular”. Preguntado para que diga si concurrieron solos o acompañados, respondió “vinieron con mi consuegro y mi yerno”. Preguntado para que diga cómo constató la identidad de los comparecientes, dijo “como en todos los casos, el oficial de mi escribanía constata que los documentos se encuentren en buen estado, se les saca fotocopia, y se mantiene una breve charla con las partes para verificar los datos personales, y hace algunos años también registro la impresión digito pulgar derecha, no recuerdo si en este caso puntual tomé estos recaudos porque, por la confianza que me merece mi consuegro y mi yerno, es probable que con la fotocopia del DNI haya sido suficiente”. Preguntado para que diga cómo estaban vestidos los socios, esto es, si llevaban vestimenta formal, traje o estaban vestidos de forma sencilla, contestó “De traje seguro que no, por lo demás no recuerdo”. Preguntado para que diga si les preguntó qué oficio o profesión tenían, respondió “me parece que uno trabajaba en un radio taxi, la señora era empleada y el tercero no me acuerdo”. Preguntado para que diga si es habitual la constitución de firmas por parte de personas como las descriptas, respondió “no me corresponde a mi juzgar eso, si es habitual o no, mi función notarial se limita a dar fe del acto que se lleva por ante mí, por lo que, tratándose de personas que estaban en pleno uso de sus facultades mentales, y de sociedades con objeto lícito, no tengo ninguna razón por la cual no otorgar la escritura que se me solicitó”. Preguntado para que diga si las 3 sociedades se constituyeron el mismo día, respondió “sí, tal como consta en los estatutos que se me exhiben”. Preguntado para que diga si otorgó otros actos a favor de Juan, José y Nélida U, respondió “justamente, como sabía que se me citaba en relación a estas tres firmas, traje conmigo unas copias que solicito compulsar para poder responder la pregunta”.  En este estado SS autoriza al testigo a abrir su portafolios, del que extrae tres carpetas de cartulina verde con papeles que comienza a revisar, extrayendo y entregando a SS tres poderes generales de administración otorgados por los representantes de X, Y y Z (dos a favor de Roberto O y uno a favor de Ricardo O). SS . Preguntado para que siga si  Roberto y Ricardo O le solicitaron en alguna otra oportunidad la constitución de sociedades para otros de sus clientes, respondió “probablemente”. En este acto atento los documentos que el testigo tiene en su poder SS le ordena que haga entrega del portafolio y todo su contenido, a fin de compulsar los elementos que resulten de interés. Compulsados los mismos, SS dispone –siendo de interés contar con los protocolos del notario del año 2008 en que se constituyeron las sociedades en cuestión— y a los fines de obtener la documentación señalada precedentemente, se proceda conforme lo previsto en el art. 232 del CPPN, medida que –tratándose de una facultad discrecional de SS- tiende a evitar su secuestro por vía compulsiva, por lo cual RESUELVE: LIBRAR ORDEN DE PRESENTACION en los términos del art. 232 del CPPN, a fin de intimar al escribano A. López, titular de la escribanía sita en Av. Callao ///, a fin de que entregue, al personal policial que diligenciará la orden, protocolo de su registro notarial correspondiente al año 2008, bajo apercibimiento de ordenar su secuestro (art. 224 del CPPN), debiendo labrarse el acta correspondiente en los términos de los arts. 138 y 140 del CPPN, practicar las notificaciones de lo resuelto, y disponiendo SS la suspensión de la audiencia hasta tanto se cumplimente la orden emitida, que será diligenciada por personal de la PFA en forma inmediata, firmando los comparecientes para constancia de lo actuado, luego de SS y en mi presencia de lo que DOY FE. 


Siendo las 16.00 hs., se hace presente ante SS el oficial Pablo G. de la División Jurídico Contable de la PFA aportando el acta que da cuenta del diligenciamiento de la orden de presentación emitida y haciendo entrega de la documentación que allí consta, firmando para constancia por separado, con lo cual SS ordena reanudar la audiencia testimonial suspendida y, encontrándose el escribano A. Lopez en la antesala del Tribunal, SS dispone hacerle saber que se reanudará su declaración, testimonial,  recordándole los derechos que le asisten y que se encuentra bajo juramento de decir verdad. Así, a diversas preguntas formuladas por SS el testigo manifestó que además del protocolo del año 2008, y atento la intimación del Tribunal, aporta los tomos de los años 2009/2012 porque en todos ellos obran escrituras emitidas a solicitud de Roberto O., solicitando se extraigan las fotocopias de interés y se le devuelvan los tomos originales porque resultan indispensables para su labor profesional.   En este acto SS suspende momentáneamente la audiencia a fin de examinar la documentación obtenida, tras lo cual, por considerar que el nombrado podría encontrarse imputado en las presentes actuaciones y a efectos de resguardar sus derechos ordena suspender la audiencia, y le hace saber que la audiencia se reanudará mañana, a las 10.00hs., oportunidad en la que se le recibirá declaración indagatoria en función de lo dispuesto por el art. 294 del CPPN. Acto seguido el imputado expresa que concurrió junto con el declarante el Dr. L. Fernandez, abogado de su confianza, a quien desea designar como letrado defensor, en virtud de lo cual SS dispone se lo invite a presenciar la audiencia, lo que así se hace, aportando el letrado credencial del CPACABA T°// F°// e impuesto de lo sucedido, acepta el cargo para el que fuera designado, jurando desempeñarlo bien y fielmente, y constituyendo domicilio en la calle Callao /// de esta ciudad. A continuación en presencia del imputado y su defensor se procede a efectuar el detalle de los elementos obrantes en el portafolios que se le secuestrara al imputado, obrando en el mismo: actas de constatación de domicilios fiscales y comerciales de las firmas X, Y y Z, tres certificaciones de firmas, dos testimonios de constitución de las sociedades V y W, dos poderes especiales bancarios otorgados en relación a las firmas X e Y. Se deja constancia que la documentación es colocada en una  caja rotulada “A”, que se reserva por Secretaría junto con los protocolos obtenidos a partir de la orden de presentación, haciéndose entrega al escribano A Lopez del portafolios. No siendo para más, quedando los comparecientes notificados de la audiencia indagatoria designada en autos, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes después de SS y por ante mi que DOY FE.- 


///n Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto de 2012, comparece ante SS en presencia del suscripto una persona previamente citada a quien se le hizo saber que se le recibirá declaración indagatoria (art. 294 del CPPN). Acto seguido se le hace saber el juez que entiende en la causa, se le recuerda el derecho que le asiste a designar un abogado defensor de su confianza o, en su defecto, al Defensor Público Oficial (arts. 104, 106 y 107 del CPPN), ratificando en este acto la designación del Dr. L Fernandez, que se encuentra en la antesala del Tribunal y es invitado a presenciar el acto. A continuación SS informa al compareciente que a la audiencia podrán concurrir únicamente el Sr. Agente Fiscal y su Defensor, y preguntado a tenor de lo dispuesto en el art. 297 del CPPN, manifestó llamarse: A. Lopez, nacido el 18 de febrero de 1944 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, hijo de José y de Ana F., de estado civil casado, escribano, con domicilio real en Av. Callao /// de esta ciudad, titular del DNI nro. /// que exhibe y retiene para sí . Preguntado sobre sus circunstancias personales, refirió “vivo de mi profesión de escribano, percibiendo honorarios del orden de los 25.000 mensuales”. Preguntado si sabe leer y escribir, respondió que sí. Preguntado si en alguna oportunidad fue procesado por algún delito, por qué tribunal, si recayó condena y si fue cumplida, manifestó “no”. A continuación SS le hace saber al imputado el hecho que se le atribuye, consistente en haber tomado parte de una organización integrada –como mínimo- por Roberto y Ricardo O, Sandra H., Marcela D. y Javier G., que se habría dedicado –en forma estable y permanente, por lo menos desde 2008- a crear y explotar sociedades ficticias –integradas por testaferros- mediante la compraventa de comprobantes apócrifos que a la postre son utilizados por diversos contribuyentes que logran, mediante la registración de tales comprobantes en su contabilidad y su correlato en las declaraciones juradas que presentan ante este organismo, evadir el pago de los tributos nacionales. En ese marco, el compareciente habría facilitado la constitución de –como mínimo- 25 sociedades ficticias, emitiendo asimismo constataciones de domicilio que –de acuerdo a la prueba que se le exhibirá a continuación- resultan idealmente apócrifas, habiendo sido tales documentos presentados ante diversos organismos estatales, como ser la AFIP DGI para posibilitar la radicación de los entes ficticios en diversas agencias del organismo recaudador.  Las pruebas existentes en su contra son las siguientes: denuncia formulada por la AFIP-DGI, constancias de la causa nro.555 del Juzgado Criminal y Correccional nro.4 de Lomas de Zamora, informes de inspección labrados en relación a las firmas X, Y y Z, constancias de tareas de inteligencia realizadas en los domicilios legales, comerciales y fiscales que se registran de las firmas X, Y y Z de los que surge que nunca funcionaron en ellos, legajos de las contribuyentes X y y Z aportados por la AFIP-DGI, constancias de bases fisco y citi compras-ventas aportadas por la AFIP-DGI, informe aportado por la Inspección General de Justicia en relación a las firmas X, Y y Z, la documentación reservada en Secretaría cuyo detalle obra a fs.509, y la documentación que se le secuestrara de su portafolios detallada precedentemente, así como los protocolos de los años 2008/2012.  Acto seguido SS interrogó al Sr. Defensor y al compareciente si deseaban hacer uso del derecho a entrevistarse de conformidad con lo dispuesto por el art. 197 del CPPN, expresando “si”, por lo que se suspende la presente a tal fin. Celebrada la entrevista, es reanudado el acto, haciendo SS saber al imputado que podía negarse a declarar sin que tal circunstancia hiciera presunción alguna en su contra, invitando al compareciente a que manifieste cuanto estime conveniente , expresando el nombrado que desea declarar, pero que no va a responder preguntas del tribunal. Seguidamente SS advierte que el imputado extrae de su bolsillo una hoja de papel manuscrita, e interrogado sobre la misma, manifiesta que se trata de un ayuda memoria que elaboró junto con su defensor para no olvidarse nada de lo que quiere manifestar, a lo cual SS ordena extraer fotocopias y adjuntarlo a la presente acta. A continuación expresa: “niego la imputación que se me efectúa, me limité a cumplir con mi  labor de escribano, tengo una trayectoria de 30 años y jamás recibí ni un apercibimiento ni una sanción por mi conducta profesional, y no tenía motivo alguno para desconfiar de mis familiares políticos, jamás me imaginé que me involucrarían en algo raro y ésta situación me ha generado enormes dificultades a nivel familiar”. A continuación SS pregunta al imputado si desea agregar algo más, manifestando “no”. No siendo para más, SS impone al imputado de lo establecido por el art. 300 del CPPN, se da por finalizado el acto, previa íntegra lectura de la presente, firmando el compareciente junto con su letrado defensor después de SS y por ante mi que doy fe.-

CONSIGNA: Como abogado de A. López, concluida la indagatoria que antecede, qué vías o remedios procesales emplearía para argumentar o presentar defensas a su favor y cuáles serían estas defensas.





15.5.14

Notas del primer parcial

Ayala, Hugo                 (cuatro)
Becerra, Rodrigo          (siete)
Krncsk, Joaquin           (cuatro)
Luego Rojas, Yanina    (cuatro)
Mungay Bures, Martín  (cinco)
Oklander, Guido           (nueve)
Papaleo, Rafael            (Recuparatorio)
Rodriguez Geron, Judith (seis)
Sanchez, Geraldine       (siete)
Villanueva, Juan            (siete)
Sustaita, Elisa              (cinco)  

7.3.14

L 10/3 Clase de introducción al curso.

J 13/3 Tarea y fines del proceso penal. La aplicación de la ley penal por medio del proceso judicial de conocimiento. El juicio previo y el debido proceso. La protección de los derechos fundamentales. Panorama del proceso penal y de la organización judicial.

L 17/3  El sistema de la acción penal y sus principios rectores. Oficialidad. Legalidad. Oportunidad. Comprobación del carácter verdadero de la imputación. El principio ético de la actuación estatal. El principio de la descalificación procesal del Estado.

J 20/3 Evolución del proceso penal en la historia política. Modelos procesales

L 24/3 FERIADO

J 27/3 La organización judicial. Función. Juicio por jurados. La imparcialidad del juzgador como principio rector. Juez predeterminado por la ley. Estructura de la función penal del Poder Judicial de la Nación. Garantías legales de la imparcialidad: excusación y recusación. Conexión procesal.

L 31/3 La fiscalía: funciones y organización. El querellante.

J 3/4 El imputado: posición jurídica, deberes y facultades. Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. La defensa. Los demás sujetos eventuales: actor civil y tercero civilmente demandado.

L 7/4 Actos procesales e invalidez. La función de garantía de la regularidad del procedimiento.

J 10/4 El hecho punible como objeto del proceso. Principio de congruencia. Presupuestos procesales e impedimentos procesales. El sistema de las excepciones.

L 14/4
 Procedimiento común. Investigación preliminar o instrucción. Titular. Actos iniciales. Denuncia, querella, prevención policial, instrucción de oficio. Atribuciones del juez, de la fiscalía y del imputado. Duración de la fase de instrucción. La Policía en función judicial. Garantías del ciudadano frente a la intervención judicial de la policía.


J 17/4 FERIADO 

L 21/4 Medidas de prueba. Prohibiciones probatorias. Inviolabilidad del domicilio, las comunicaciones y los papeles privados. Auto de mérito.

J 24/4 Continuación. Allanamiento, secuestro y medidas de coerción vinculadas a la obtención de prueba.

L 28/4 Principio de inocencia. Detención y prisión preventiva. Garantías de protección de la libertad del imputado: exención de prisión y excarcelación. Recurso. Embargo y otras medidas cautelares.

J. 1/5 FERIADO

L 5/5 Procedimiento intermedio, actos conclusivos (sobreseimiento y acusación) y su control. La instrucción sumaria. Las demás formas del procedimiento preliminar.

J 8/5 Examen parcial.

L 12/5 Procedimiento común. Juicio. Principios rectores: oralidad, publicidad, inmediación, concentración. Actos preliminares, preparación del juicio. Desarrollo. Producción de la prueba. Atribuciones del Tribunal y de las partes. Cuestiones incidentales. Alegatos. La sentencia: deliberación, lectura, motivación.

J 15/5 Procedimientos especiales: abreviado, correccional

L 19/5  Continuación: Procedimiento en caso de menores.

J 22/5 Recuperatorio.

L 26/5 Suspensión del juicio a prueba. Procedimiento por delitos de acción privada.

J 29/5 El proceso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

L 2/6 Procedimiento impugnativo. Reglas y principios generales. Cosa juzgada. Ne bis in ídem. Derecho al recurso. Reposición. Apelación.

J 5/6 Recurso de casación. Origen, fines, distinción hecho y derecho, reprobación sustantiva, reprobación procesal, juicio y sentencia de casación. El recurso de casación y la nueva dogmática de la impugnación en el proceso penal. Recurso de inconstitucionalidad.

L 9/6 Recurso de queja por denegación de apelación y casación. Acción de revisión.

J 12/6 Recurso extraordinario federal y queja por su denegación.

L 16/6 Segundo parcial.

J 19/6 tema a definir

L 23/6 tema a definir

J 26/6 Recuperatorio

L 30/7 Clase final

9.3.13

Bibliografía

Textos básicos que los alumnos deben dominar:
Binder, Alberto, Introducción al derecho procesal penal, Buenos Aires, Ad hoc, 1999; Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 1996, cap. 9; CN, Tratados del derecho internacional de los derechos humanos referidos a garantías judiciales del imputado; Código Penal; Código Procesal Penal de la Nación; Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal; Ley de Implementación y Organización de la Justicia; Ley del Consejo de la Magistratura y Ley Orgánica del Ministerio Público. Bibliografía recomendada: Maier, Julio, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, t. I (1996), t. II (2003): D’Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación: Anotado, Comentado, Concordado, Buenos Aires, Lexis-Nexis-Abeledo Perrot, 2005.

Material para las próximas clases:
1
-Beccaria, De los delitos y de las penas (hay diversas ediciones). Disponible on line
aquí.
-Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2000, pp. 1-12.
-"Ingeniería de la verdad", por Alberto Bovino, Revista "No hay derecho", nº 12, ps. 13 y ss. Para acceder presione aquí.

2
-Maier, Julio, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 1996, t. I., § 8, c.
-Pastor, Daniel, “El principio de la descalificación procesal del Estado en el derecho procesal penal”, en Bertolino, Pedro/Bruzzone, Gustavo (comps.), “Estudios en homenaje al Dr. Francisco J. D’Albora”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005, pp. 431-454.
-Fallo "Montenegro" (CSJN, Fallos, 303:1938). Puede ser descargado en la página web de la Corte Suprema, o aquí.

3
-Maier, DPP, t. I, § 5.

4
-Revista No Hay Derecho, año 2, nº 5: ¿Un juicio sin jurados? ( sentencia sobre el tema y comentarios de Germán Bidart Campos y Daniel Pastor).
-Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 17 de mayo de 2005, caso "Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Horacio Luis Llerena en la causa Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 del Código Penal- Causa Nº 3221C".
-Comentario a dicha sentencia: "La imparcialidad del juzgador frente al caso concreto: el problema de los jueces correccionales en la justicia nacional". Por Cecilia Cristina Naddeo. Veraquí.
-Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, 2 de julio de 2004 (ver nºs 169 a 175, referidos a la garantía de imparcialidad). Aquí.

5
- Maier, DPP, t. II, pp. 294-386.
- D'Albora, CPPN, t. I, pp. 196-216.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación: Caso “Caseres”, 320:1891(25-9-97); Caso “Santillán”, 321:2021(13-8-98); Caso “Quiroga”, 327:5863 (23-12-04). Todos ellos pueden ser descargados de la página de la CSJN, cliqueando en la solapa "jurisprudencia" y luego en la opción "consulta temática en sumarios", ingresando los datos de tomo y página aquí suministrados.
- Camara de Casación Penal de la Nación, Sala II: Caso “Sotomayor”, resuelto el 30/11/2004, causa nº 5297, Reg. nº 7210; Caso “Baza", resuelto el 23/12/05, causa 5926, Reg. nº 8128.

6
- Maier, DPP, t. II, pp. 185-286.

7
- D'Albora, CPPN, pp. 296-323.
- Guzmán, Nicolás M., La verdad en el proceso penal, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2006, pp. 109/124;
- Binder, Alberto M., El incumplimiento de las formas procesales: elementos para una crítica a la teoría unitaria de las nulidades en el proceso penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 2000.

8
- Maier, DPP, t. II, pp. 7-40.
-Pastor, Acerca de presupuestos e impedimentos procesales y sus tendencias actuales, en Revista Nueva Doctrina Penal, 2001/B, pp. 583-611.

9
- D'Albora, CPPN, pp.325-397.
-Córdoba, Gabriela/Pastor, Daniel, La policía en el Estado de derecho latinoamericano: el caso Argentina, en Ambos, Kai/Gómez Colomer, Juan Luis/Vogler, Richard, La policía en los Estados de derecho latinoamericanos, Ed. Ibáñez, Bogotá, 2003, pp. 45-77. Disponible aquí(descargar solo capitulo 3).

10/11
-Cafferata Nores, José, La prueba en el proceso penal, 4ta. edición actualizada y ampliada. Ed. Depalma, 2001. Pags. 3 a 36.
-Carrio, Alejandro, Garantías constitucionales en el proceso penal, 4ta. edición actualizada y ampliada. Ed. Hammurabi, 2000. Pags. 229 a 344.
-Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal, págs. 175 a 195.
- Minaglia. CSJN, Fallos 330:3801.

12
-Pastor, Daniel, Las funciones de la prisión preventiva, en revista de Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal-Culzoni, t. 2006-1, pp. 109-177.
-Fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, Plenario Nº 13, "Díaz Bessone, Ramón Genaro", Acuerdo del 30 de octubre de 2008 en la Causa Nº 7480, radicada en la Sala II de esa Cámara.

13
- Procedimiento intermedio, actos conclusivos (sobreseimiento y acusación) y su control. La instrucción sumaria. Las demás formas del procedimiento preliminar.
- Fallos de la Corte Suprema
 “Quiroga” y "Santillan".
-Di Corleto, Julieta/Soberano, Marina, en Revista CDJP, n.° 10/A, pp. 377-434.
-Fallos de la Corte Suprema "Bernstein" (y dictamen PGN) "Fermin" (y dictamen PGN) (lectura sugerida, no obligatoria)
- Bertelotti, Mariano, La inconstitucionalidad del procedimiento de consulta. Reflexiones a partir del fallo “Quiroga”, en revista La Ley, Suplemento Penal y Procesal Penal del 28.2.2006, pp. 5-16. (lectura sugerida, no obligatoria)

14
- Eduardo M. Jauchen, El juicio oral en el proceso penal, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2008.

15
- Córdoba, Gabriela, El juicio abreviado en el Código Procesal Penal de la Nación, en Maier, Julio/Bovino Alberto (comps.), El procedimiento abreviado, Buenos Aires, Ed. Del Puerto, 2001, pp. 229-250.
- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 17 de mayo de 2005, caso"Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Horacio Luis Llerena en la causa Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 del Código Penal- Causa Nº 3221C".
- Fallo "Aduino" CSJN, Fallos 328:470.
Bibliografía optativa
- Guzmán, Nicolás, La verdad y el procedimiento abreviado, en Maier, Julio/Bovino Alberto (comps.), El procedimiento abreviado, Buenos Aires, Ed. Del Puerto, 2001, pp. 277-298

16/17
- Decreto-ley n° 22.278
- Ley 26.061
- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2000, ps. 178/182.
. Fallo García Méndez, Emilio, CSJN, Fallos 331:2691.

18
- Eugenio R. Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho Penal. Parte General, Ediar, Bs. As., 2000, ps. 926/930.
- Vitale, Gustavo L., Suspensión del proceso penal a prueba, Editores del Puerto, 2da. ed., 2004. - Fallo CNCP “Kosuta, Teresa R. s/ recurso de casación”
- Fallo CSJN [331:858] “Acosta, Alejandro Esteban” Procedimiento por delitos de acción privada - Francisco J. D’Albora, Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado, Tomo II, Abeledo Perrot, 6ª edición, Bs. As., 2003, ps. 897/922.

19
- Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley n.º 2303).
- Ley n.º 12 de Procedimiento Contravencional.
- Ley n.º 1217 de Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- "Legislación Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comentada", Sergio Martín Lapadú, ed. Depalma, Buenos Aires, 2000, págs. 129/240.

20
-Guariglia, Régimen general de los recursos en el Código Procesal Penal de la Nación, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2004.
-Aliverti, Ana, Consideraciones en torno a la adhesión al recurso en el Código Procesal Penal de la Nación: análisis de la jurisprudencia reciente, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2004 pp. 71-113.

21/22
-D´Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, ver sus comentarios a los arts. comentarios arts. 449 a 455. Deberá tener en cuenta las reformas introducidas por la Ley nº 26374.
- D´Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, comentarios a los arts. 456 a 473. Deberá tener en cuenta las reformas introdudidas por la Ley nº 26374.
- Casal, Matías Eugenio, CSJN, Fallos 328:3399.
- Di Corleto y Jugo, El recurso de inconstitucionalidad en el Código Procesal Penal de la Nación, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2004. -

23
- Goransky y Rusconi, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2004.
-Córdoba, “Recurso de queja en el CPPN”, en Maier, Julio/Bovino, Alberto, Díaz Cantón, Fernando, Los recursos en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2004.

24
- arts. 14 a 17, Ley nº 48; arts. 256 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Reglamento aprobado por la Acordada nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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información sobre la comisión

Comisión de la materia Régimen del Proceso Penal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Adjunto a cargo de la Comisión: Profesor Marcelo Sgro. Día y horario de cursada: Lunes y Jueves, 8.30 a 10 hs.